El Gobierno evitó confrontar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la fuerte respuesta del Consejo de Derechos Humanos del organismo a la presentación de la Argentina contra la Justicia y la oposición. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo que recibieron “recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países” y que “prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país”.
Pietragalla Corti consideró “audaz” que la Argentina haya presentado en la ONU una denuncia contra el Poder Judicial y admitió que no es frecuente que un país haga este tipo de planteos: “No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales”.
El secretario de Derechos Humanos dijo que la Argentina “debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo”, que “persiste una mirada persecutoria de la Justicia hacia dirigentes del oficialismo” y que “hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses”.
Pietragalla Corti consideró que “el Poder Judicial argentino y la oposición se defienden corporativamente” y que los principales dirigentes de la oposición “son favorecidos sistemáticamente por los miembros del Corte Suprema”, en declaraciones a Télam, en medio de la embestida oficialista contra la Corte Suprema.
Qué dice la presentación que el Gobierno hizo en la ONU
El Gobierno presentó el lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe con críticas a la oposición, los medios, la Justicia y denuncias por supuesta persecución político-judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
- Mencionó “los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática”, que planteó que “han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta”.
- Habló de “lawfare” o guerra jurídica: “Es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”.
TN.
