La polémica desatada alrededor de los 10 contratos que el Estado firmó con los laboratorios para la compra de vacunas contra el coronavirus sumó en las últimas horas un nuevo capítulo luego de que la mayoría oficialista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara un informe sobre la adquisición de las dosis en el que no se investigaron diversas cuestiones que la oposición pedía analizar.
En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las farmacéuticas y que alcanzan un total de U$S 1737 millones, bloqueando una eventual auditoría integral sobre la compra de las vacunas.
La ley establece que los contratos para compras de vacunas deben ser remitidos a la AGN y este organismo luego debe realizar una auditoría para ver si hubo irregularidades.
Si bien en el Gobierno hablan de las cláusulas de confidencialidad que exigían las farmacéuticas, según denuncian desde la oposición, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar un informe al que definen como “pobre, poco exhaustivo y vacío”, impidiendo así que se encuentren posibles irregularidades.
Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe, que hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.
Entre los sueros adquiridos se encuentra la Sputnik V; Sinopharm; CovidShield; AstraZeneca; Pfizer; Cansino; Covax; Moderna y Richmond/Sputnik V .
TN.
