Anoche, Morales ratificó el artículo 67 de la reforma constitucional, que prohíbe los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos. Además, anunció que solicitará la reconsideración de los artículos 36 y 50, relacionados con los derechos de los pueblos originarios, para retornar a su antigua redacción, reconociendo las dudas existentes en las comunidades indígenas.
Morales defendió la reforma en una conferencia de prensa, explicando los incisos del artículo 67 que componen la prohibición de cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos, enfatizando que estos puntos no se modificarán. También rechazó la idea de que los cortes de ruta sean considerados una forma legítima de protesta.
El artículo 67, titulado «El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica», establece que el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas.
El artículo 36, sobre el derecho a la propiedad privada, también ha levantado críticas en la provincia, donde unas 300 comunidades indígenas viven diseminadas por todo su altiplano, muchas veces sin contar con personería jurídica ni los registros de propiedad de las tierras que habitan desde antes de la fundación del país. La modificación del derecho a propiedad, que incorpora “mecanismos y vías rápidas” de desalojo considerando una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, deja en desventaja a las comunidades que viven en una zona de gran explotación minera y exploración de yacimientos de litio.
