Si bien en un comienzo estuvieron pensadas como medidas hermanas, finalmente fueron separadas. El Gobierno decidió escindir el debate sobre un nuevo impuesto a la “renta inesperada” de la asistencia salarial de emergencia a trabajadores informales, monotributistas y jubilados. No habrá una correlación entre la potencial recaudación de ese nuevo gravamen especial con el monto que afrontará el Poder Ejecutivo en esos bonos excepcionoales por la aceleración inflacionaria.
Desde este martes se iniciará, tras el anuncio oficial, una nueva etapa de conversaciones, debates y tira y afloje con empresarios de distintos sectores. El ministro de Economía Martín Guzmán decidió poner en pausa la implementación inmediata de una medida tributaria de esa naturaleza y buscar algún tipo de consenso entre el sector privado y también con la oposición, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso. La misión no será sencilla: algunos empresarios, por lo bajo, ya manifiestan dudas sobre el espíritu de la medida pero esperarán a tener la letra firme oficial para poder opinar.
La dinámica todavía no está determinada y no será inmediata ya que el jefe del Palacio de Hacienda se subió anoche a un avión hacia Washington para participar de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin mayores detalles, en la Casa Rosada prometieron una convocatoria amplia para discutir la aproximación que tendrá el fisco a los balances de un puñado de empresas que cumplan una serie de requisitos.
Entre ellas, haber tenido en lo que va del año una ganancia superior a los $1.000 millones (8,8 millones de dólares a tipo de cambio oficial), pero que además hayan tenido una rentabilidad en términos reales mucho mayor a la que tuvieron en 2021 y un margen de ganancias “muy elevado”, según la definición de Guzmán. Como zanahoria, el Gobierno ofrecerá que las empresas que reinviertan parte de esa renta “inesperada” pagarán menos del nuevo tributo en discusión.
“Va a haber una amplia convocatoria, hay una idea y es algo que se está discutiendo en otros países del mundo desarrollado”, mencionó tras el anuncio el ministro de Trabajo Claudio Moroni. La Casa Rosada se refleja en algunos ejemplos concretos donde ya hubo medidas tributarias excepcionales de este tipo, y otras naciones en las que también se debate, sin haber hasta el momento alguna definición.
En ese sentido miran, por ejemplo, a España, que ya contaba con lo que el gobierno de ese país denominó un impuesto a los “beneficios caídos del cielo”, con un espíritu muy similar al que busca el Gobierno argentino. El oficialismo español debate ahora poder reforzar la recaudación de ese tributo. Apunta, en ese caso, a las empresas del sector energético que obtuvieron ganancias extraordinarias por la escalada de los precios internacionales tras la guerra en Ucrania.
Otro país en que este tipo de medidas de excepción para ingresos que no están relacionados con mayores inversiones es Portugal. Según anticipó el ministro de Economía y del Mar, António Costa Silva, buscarán algún tipo de impuesto para “rentas aleatorias e inesperadas”, en una terminología similar a la que utiliza la Casa Rosada. Energía y alimenticias serían los sectores que estarían alcanzados por una decisión de este tipo en ese país.
