Son 8 los ediles imputados con diferentes carátulas, casi la mitad sigue aún en funciones porque lograron la reelección en sus ciudades. Ninguno quiso declarar.
Algunos cobraron el primer haber, y muchos otros llegaron a cobrar hasta el segundo a pesar de que por estar prestando funciones públicas no estaban habilitados a cobrar el ingreso familiar de emergencia que tenía como objetivo ayudar a las familias de bajos recursos, que en su mayoría trabajan en el mercado informal, a paliar un poco los efectos de la cuarentena estricta en el marco de la pandemia.
Los ediles acusados son: Paola Cantarella, de Pichanal; Jesús Cuellar, de Urundel; Héctor Cari, de Guachipas; Gabriela Cazón, de Aguas Blancas; Osvaldo Reynaga (San Lorenzo), Nicolás Maras (Los Toldos), Julio Pedro Laxi (Animaná) y Santos Palma (Rivadavia Banda Norte).
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que a Cantarella, Cuellar, Cari y Cazón se les juzga por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal, con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autores. De estos cuatro, los primeros tres todavía mantienen el cargo como concejales pues fueron reelectos en 2021.
En tanto que sobre el ex concejal sanlorenceño Osvaldo Reynaga, recae la misma acusación pero en grado de tentativa; mientras que Maras, Laxi y Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
