Este miércoles, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, encabezó la audiencia en la que el juez Diego Rodríguez Pipino rechazó el pedido de prisión preventiva para un hombre de 60 años imputado como autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.
El juez ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin, en línea con lo informado por la Caja de Abogados sobre el monto sustraído, estimado de forma preliminar, se decidió girar las actuaciones a la Unidad de Delitos Económicos Complejos para un abordaje específico.
El acusado permanecerá detenido hasta tanto se cumplan los informes de factibilidad y se acrediten las cauciones.
