Es por ello que se reunirán funcionarios de Obras Públicas del Gobierno provincial, CoPAUPS, DiPAUS, CoPAIPA y facultades de ingeniería y arquitectura de la UNSA y UCASAL para que se reglamente la ley 7740/12, que refiere a la verificación de condiciones mínimas de seguridad en edificios de uso público.
Paralelamente el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) se manifestó en igual sentido y remarcó la importancia de estudiar los edificios que fueron construidos con anterioridad a la ley 5.556 de verificación del cumplimiento de las normas antisísmicas, cuyo control sobre los planos tiene la entidad.
Gustavo Giachiero, presidente de CAS, señaló que a partir de la semana entrante convocarán a todos los organismos que puedan realizar aportes para conformar un equipo para trabajar en la reglamentación de la ley 7740.
La normativa fue aprobada en 2.012, sin que a la fecha sea reglamentada, y permitirá realizar un diagnóstico y análisis de las construcciones de uso público, como escuelas, iglesias, bancos, entre otros. "De aplicarse no solo tendríamos un diagnóstico de las estructuras antisísmicas, sino también sobre las instalaciones sanitarias, pluviales, eléctricas", remarcó Giachiero.
Aseguró que la reglamentación además permitirá contar con un plan de intervención y de mantenimiento edilicio a largo plazo, que daría como resultado que todos los edificios según su uso y capacidad de albergar personas puedan tener un certificado de condiciones mínimas de seguridad y de habitabilidad.
"Una vez que se reglamente la ley tendremos un protocolo a seguir para el relevamiento de los edificios que se pongan como prioritarios, con mayor protección patrimonial los que tienen característica de edificio monumental, que le corresponden a la COPUAUPS, y de allí iremos para abajo. Da la casualidad que esos edificios congregan gente. Se busca dar seguridad al visitante de ese edificio", señaló Giachiero
