El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a 10 años de prisión a un militar de la Armada, de 46 años edad, como autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados, en perjuicio de una joven salteña a quien obligó durante al menos un año y medio a realizar tareas domésticas en el domicilio de la Capital Federal en el que el condenado vivía junto a su familia. La víctima fue liberada cuando dio a luz a una niña -su embarazo fue producto de la agresión sexual-, dado que el sujeto la expulsó de la casa.
La decisión fue dictada por los jueces Néstor Costabel y Luciano Gorini y por la jueza María Gabriela López Iñiguez. La acusación del Ministerio Público Fiscal fue formulada por el fiscal general Abel Córdoba y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, quienes habían solicitado la imposición de 20 años de prisión para el hombre y de 10 años de prisión para su esposa, docente. La mujer finalmente resultó absuelta del delito de trata de personas con fines de explotación laboral por el que había sido acusada.
En línea con el petitorio de la fiscalía, el tribunal ordenó además la inclusión del perfil genético del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. También dispuso la reparación económica integral de la víctima -la fiscalía la calculó en su alegato en más de 30,5 millones de pesos- y el privilegio de cobro, aunque en el veredicto no adelantó los alcances. El 9 de noviembre próximo serán públicos, cuando dé a conocer los fundamentos de la decisión.
El último punto de la sentencia ordena la comunicación de lo resuelto a la víctima, de conformidad por lo requerido expresamente por Córdoba y Grigera en el final de su alegato.
De acuerdo con lo acreditado en el debate, el militar -de origen salteño- captó a la joven menor de edad en marzo de 2019 en un pueblo de Salta, la trasladó a Buenos Aires y la acogió en su domicilio de esta capital mediante engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad. Una vez allí, la víctima fue sometida a un régimen de realización ilimitada de trabajos domésticos y al cuidado de las hijas menores del matrimonio, de 6 y 10 años de edad, durante las 24 horas, de lunes a domingo, hasta principios de septiembre de 2020.
A fines de diciembre de 2019, la joven fue abusada sexualmente por el militar mientras se encontraba durmiendo al lado de su hija de seis años. La joven recibió amenazas de muerte por parte del hombre para que no contara lo sucedido. El sujeto utilizó un cuchillo para amedrentarla.
Durante ese año y medio la explotación se interrumpió un lapso de dos meses. Tras el episodio de abuso, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la víctima viajó de vacaciones a Salta junto a la familia. En ese contexto, escapó y volvió a su domicilio, pero comenzó a recibir amenazas por parte del militar y del hermano de este, incluso con matar a su madre, y se vio obligada a regresar al domicilio donde era explotada en Buenos Aires. Según se acredito, ese traslado fue costeado por el ahora condenado.
Con el paso de los meses, la joven puso en conocimiento al militar y a su esposa del embarazo que cursaba, pero estos le indicaron que debía abortar. La joven continuó trabajando en ese estado incluso después del nacimiento de su hija, el 14 de agosto de 2020, hasta que días después fue expulsada de la casa.
Según se acreditó, la joven no recibió salario alguno y fue víctima de un endeudamiento inducido, puesto que el militar le cobraba todos los gastos derivados de su subsistencia. Incluso, le hizo gestionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia, cuyo importe finalmente terminaba en manos de su explotador. Además, le retuvo su documento nacional de identidad y no le permitió acceder a la escolarización que le había prometido.
El caso llegó al Poder Judicial por una denuncia formulada por la fiscal federal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejanda Mángano, en noviembre de 2020, luego de realizar una serie de tareas investigativas que permitieron afianzar los datos que una persona había brindado sobre estos hechos en un llamado a la línea telefónica gratuita 137, del Programa de Víctimas contra las Violencias.
