Este martes, el Senado provincial aprobó un proyecto de ley que obliga a los proveedores de bienes y servicios a garantizar que las operaciones con tarjeta de débito o crédito se realicen a la vista de las y los usuarios titulares de esos plásticos.
La ley, que será remitida al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación, otorga un plazo de 90 días a partir de su entrada en vigencia para que proveedores o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito, acondicionen sus dispositivos de cobro electrónico para que la operación se realice como manda esta norma.
El artículo cuarto dispone que los proveedores adheridos al sistema deberán requerir a los titulares de las tarjetas que las exhiban adecuadamente para confirmar que es la persona titular, pero no podrán manipularla.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Defensa del Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace, que deberá instrumentar una campaña de concientización, información y capacitación respecto al uso de las tarjetas.
Las sanciones aplicables son las previstas en la ley nacional de defensa del consumidor, a la que está adherida la provincia.
