El agente fiscal entre las muchas personas que ayer llevaron a cabo 20 allanamientos en localidades fronterizas no lo sorprendió, ya que el jefe de la comunidad abrió la caja fuerte por orden del juez, que contenía fajos de dólares, euros y pesos argentinos en denominaciones. Habia armas y teléfonos móviles. Se incautaron más vehículos de alta gama y documentos de respaldo de otras casas casi al mismo tiempo.
Al final de la jornada la sumatoria del dinero secuestrado arrojaba un total 196.032.756 de pesos, discriminados de la siguiente manera: 854.178 dólares (equivalente a 159.731.286 pesos de acuerdo a la cotización actual de la moneda $187); 9.070 euros (equivalente a 1.959.120 pesos, cotizando la moneda extranjera a $216) y 34.342.350 pesos en moneda local
En los procedimientos, que incluyeron a la sede municipal de Salvador Mazza y a varias propiedades, también se secuestraron 4 vehículos de alta gama, 2 camionetas Ford Ranger Raptor y dos monovolúmenes BMW. Tres de estos automotores están valuados en más de 55 millones de pesos, fueron adquiridos en el último año y colocados a nombre de familiares directos del intendente Méndez. Los 4 vehículos fueron comprados de contado y en efectivo.
De esta forma, el total de lo secuestrado ayer supera los 250 millones de pesos, la mayoría de los cuales se encontraban en varias monedas y en cajas de seguridad en la casa de Rubén Méndez.
Denuncia en la Procuración
La investigación, por la cual el jefe comunal está denunciado en la Justicia salteña por enriquecimiento ilícito, pero que podría pasar al fuero federal con carátulas mucho más amplias, como contrabando y narcotráfico, se inició a partir de una denuncia efectuada en la Procuración General por una mujer que pidió expresamente reserva de su identidad.
La denuncia habria sido realizada por una empleada de la propia Municipalidad de Salvador Mazza.
El pasado 2 de septiembre esta mujer llegó hasta la sede del Ministerio Público para denunciar a Méndez y aportar las pruebas que el procurador Abel Cornejo consideró suficientes para iniciar una investigación, la que quedó a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal de Delitos Económicos Complejos, y de Pablo Alejandro Cabot, fiscal Penal de Tartagal.
Hasta el momento hay doce imputados en la causa, pero ningún detenido.
“Hay un evidente enriquecimiento ilícito”
Con una tarea de inteligencia y rastreo previo, la investigación avanzó ayer con allanamientos en forma casi simultánea que se llevaron a cabo en la vivienda de Méndez y de familiares directos, en la sede de la Municipalidad y en viviendas de funcionarios municipales, donde se obtuvo, además de los secuestros, material probatorio “contundente” para la continuidad de la causa en el fuero local, pero además para una posible intervención de la Justicia Federal. Anoche la fiscal Salinas Odorisio dio algunas precisiones del operativo y de la causa, y adelantó que pondrá en consideración de la Justicia Federal las pruebas recolectadas hasta el momento. “Fuimos muy cuidadosos en el trabajo de recolección de datos y pruebas, y llegamos a la conclusión que hay un evidente enriquecimiento ilícito”
