La propuesta libertaria modifica el sistema actual de distribución de recursos federales coparticipables, establecidos por la Constitución nacional y la ley 23.548.
En el documento, los vicegobernadores del frente Unión por la Patria (UxP) manifestaron "con absoluta convicción y responsabilidad democrática" que "jamás renunciaremos a la defensa del federalismo y al sostenimiento de las instituciones y de los mecanismos que determinan los recursos que son propiedad de las provincias, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes".
"Desde el nacimiento de nuestro país, las autonomías provinciales fueron, son y serán la base sobre la que se asienta nuestro sistema democrático, que establece igualdad de derechos para las y los argentinos, independientemente del lugar en el que habiten", remarcaron en el texto.
En esa línea, los dirigentes apuntaron que "las políticas centralistas han sido siempre de enorme perjuicio para nuestras provincias y, lógicamente, absolutamente discriminatorias para quienes en ellas viven".
"Más allá de nuestras pertenencias políticas, estaremos unidos para evitar que cualquier intento de limitación del financiamiento de la obra pública nacional en las jurisdicciones provinciales, así también como sobre los ingresos coparticipables, genere enormes perjuicios para nuestros habitantes", advirtieron.
Desde las filas de la ultraderecha, a días del debate presidencial, Guillermo Francos, el potencial ministro del Interior si el candidato de LLA gana las elecciones, adelantó que "lo que está proponiendo Milei es otorgar a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar, cambiar el sistema".
Para Francos, la Argentina tiene un "sistema arcaico" de coparticipación, en el que "muchas provincias no se preocupan por su recaudación y cuentan con un 'coparticipaducto' por el que reciben fondos y gastan lo que reciben de la Nación", lo que calificó como injusto para otras regiones.
En la vereda contraria a Javier Milei, los vicemandatarios aseguraron que "es con la presencia del Estado nacional, cumpliendo con lo establecido legalmente y sin instrumentar limitaciones, que los gobiernos provinciales mantienen la actividad económica, evitan el desempleo y los conflictos sociales, apuntalan a las Pymes, desarrollan proveedores locales y logran el sostenimiento de beneficios sociales colectivos".
Agregaron que: "La cooperación entre el Estado Nacional y los estados provinciales debe ser fortalecida en vez de ser vulnerada con políticas que pretenden ignorar los desarrollos regionales y la imprescindible integración para afrontar problemas comunes que son de la Argentina toda, no de una u otra provincia", fustigaron.
