Una Comisión del Congreso de Perú aceptó este jueves tramitar la imputación de la fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separar temporalmente del cargo, y la conducción del cuerpo rechazó, además, la "cuestión de confianza" planteada por el Gobierno para derogar una ley de reforma constitucional .
"Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, se admitió a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo", anunció el jefe del Congreso, José Williams.
Esa comisión le dio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para que presente "su informe final" sobre la denuncia de la fiscal general que pide separar temporalmente a Castillo de la presidencia mientras avanzan las indagaciones en su contra.
La decisión es apenas un paso formal pero abre las puertas al inicio de un proceso de juicio político que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente aprueba el informe.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Esta fue la denuncia que motivó que Castillo considerara que había una suerte de golpe de estado en marcha en su contra y pidiera por eso a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.
