El agronegocio, el sector económico más poderoso de Brasil, con gran influencia en la derecha y extrema derecha opositora en el Congreso, se convirtió, con la aprobación de la ley que limita las reservas indígenas y expande la frontera agrícola en la Amazonia, en el principal rival del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al Supremo Tribunal Federal (STF).
El Congreso surgido en las elecciones de 2022 confirmó una mayoría de centroderecha, derecha y de la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, que mostró toda su fuerza el miércoles por la noche, con la aprobación del marco temporal de las tierras indígenas en carácter de urgencia.
En apenas seis horas, los senadores aprobaron una ley que la semana pasada había sido declarada inconstitucional por el STF por 9 votos contra 2.
El caso se convirtió en un choque de poderes, el primero de gran calibre en el Gobierno de Lula da Silva, quien puede vetar la ley por inconstitucional, aunque esa decisión podría romper la frágil relación con el Congreso para llevar adelante el plan económico de su gobierno.
"Lula vetará el proyecto por inconstitucional", dijo durante el debate el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolphe Rodrigues.
El bolsonarismo ha demonizado al STF y lo ha convertido en su principal enemigo, sobre todo por la investigación que lleva adelante contra Bolsonaro por golpismo y la intentona del 8 de enero, y ha retomado su iniciativa política con el bloque conservador que controla el Congreso.
Principal motor del Producto Bruto Interno de Brasil (PIB), el agronegocio celebró la aprobación por 43 a 21 del marco temporal que establece una regla para limitar el reconocimiento de tierras indígenas y que solamente reconoce a las comunidades indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban o disputaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente.
La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), principal entidad ruralista, difundió una nota felicitando al Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) y al Senado por la medida.
"La aprobación en el Congreso Nacional restablece la seguridad jurídica y trae pacificación social", destacó la entidad.
Para el presidente del FPA, el diputado federal Pedro Lupión, la aprobación es una victoria del pueblo. Según él, si Lula promueve el veto, el Congreso lo revocará.
