Durante los últimos días, grandes grupos de migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, estuvieron vadeando el río Grande cerca de un puente de ferrocarril en Eagle Pass, Texas, sin dejarse intimidar por las barreras flotantes con alambre de púas colocadas en las orillas.
Decenas de ellos de golpe y otras con niños pequeños, sortean fuertes corrientes para luego abrirse paso a través de la afilada alambrada colocada por la guardia nacional de Texas. Y una vez en suelo estadounidense, esperaron bajo un sol abrasador a entregarse a los agentes fronterizos para ser procesados.
En virtud de una nueva norma implantada en mayo por el gobierno del presidente Joe Biden, los migrantes que no hayan solicitado cita para cruzar por un puerto de entrada legal a través de una aplicación gubernamental para teléfonos móviles conocida como CBP One, pueden enfrentarse a un mayor obstáculo para obtener asilo y a una deportación potencialmente rápida.
El flujo de migrantes se desplomó inicialmente tras el anuncio, pero en las últimas semanas comenzó a aumentar de nuevo a medida que miles de ellos que se abrían paso a través de Sudamérica y Centroamérica -muchos huyendo de Venezuela- empezaban a llegar a la frontera.
El repunte de las llegadas generó una nueva oleada de ataques políticos contra Biden, quien se presentará a la reelección el año que viene. El ex presidente Donald Trump, quien hizo de la política de inmigración de línea dura un elemento central de su mandato, lidera las encuestas republicanas como probable rival de Biden en 2024.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, criticó repetidamente a Biden, demócrata, por no hacer lo suficiente para frenar la inmigración ilegal en la frontera con México, mientras el número de cruces de migrantes va camino de alcanzar máximos históricos en septiembre.
