El régimen de Irán acusó a 516 personas en las provincias de Teherán y Alborz por su participación en las protestas desatadas por la muerte tras pasar por dependencias policiales de la joven Mahsa Amini, y cuatro de ellas se enfrentan a la pena de muerte.
El fiscal de Teherán, Ali Salehi, anunció las 315 acusaciones en la provincia de la capital por la “intención de actuar contra la seguridad del país”, “propaganda contra el sistema” y “perturbación del orden público”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.
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Cuatro de los acusados se enfrentan a cargos por “enemistad con Dios” por el uso de “armas para aterrorizar a la sociedad, herir a miembros de las fuerzas de seguridad, provocar incendios y destruir propiedades públicas y privadas”, lo que podría conllevar la pena de muerte, indicó Salehi.
“Cuatro alborotadores fueron inculpados bajo la acusación de moharebeh (‘enemigo de Dios’ en persa)”, un cargo que conlleva la pena de muerte, añadió Salehi.
También se les acusa de haber “destruido bienes públicos y gubernamentales, con el objetivo de atacar el sistema sagrado de la República islámica de Irán”, indicó.
